La corrupción vive en el límite que divide lo público de lo privado. Ahí echa raíces, se alimenta y propaga. Ahí crece como un árbol que da sombra a los que se apropian de forma ilegítima de lo que es de todos para vados o particulares. Si sabemos dónde está y cómo se ve la corrupción, ¿por qué no la arrancamos como se hace con la mala hierba?, ¿por qué los casos que se detectan y procesan no contribuyen a que los niveles de corrupción se reduzcan?
El problema con un método de combate a la corrupción que plantee buscar uno a uno los casos para erradicarlos es que, para desincentivar que los hechos se repitan, sería necesario detectar la mayoría de casos que ocurren. Esto, sin embargo, no sucede porque si bien las instituciones encargadas de detectar la corrupción saben. En este sentido, las revisiones anuales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encuentran menos de 0.1% de montos con irregularidades entre todos los recursos que revisan y logran recuperar, en promedio (2016-2022), únicamente 364 pesos por cada millón que auditan.
En este contexto, la labor de fiscalización que realiza la ASF debe ser una etapa de un engranaje completo que incluye la prevención y sanción de hechos de corrupción.
Si consideramos las limitaciones del esquema actual de fiscalización, medidas complementarias para combatir la corrupción cobran aún más importancia. Entre las más efectivas están aquellas que tienen como objetivo transformar el límite entre lo público y lo privado, el escenario en el que sucede la corrupción, para que sea más difícil concretar un ilícito de este tipo sin pagar el precio reputacional, administrativo e incluso penal que puede implicar ser descubierto realizando una acción de este tipo frente a la sociedad y la ley.
Entre los principios más útiles para modificar la frontera entre lo público y lo privado está la transparencia. Esta implica abrir los baúles de archivos del gobierno para que cualquiera pueda revisar la información ahí disponible. Pero
¿qué cambia con la transparencia? Lo más importante es que combate la opacidad. Cuando la información no es pública ni accesible a la ciudadanía, se abren espacios para que los administradores de lo público transfieran a su haber privado recursos a través de contratos millonarios, obstruyan a los competidores de empresas con las que tienen un conflicto de interés y, entre muchas modalidades más de corrupción, alimenten redes de las que ellos o sus familiares son beneficiarios.
Primero, es un medio de consulta para la ciudadanía sobre los proyectos y el desempeño de su gobierno y, segundo, la información transparentada por los gobiernos puede utilizarse para generar inteligencia que facilite el
Gráfica 1.
Monto recuperado por la ASF sobre la muestra auditada y el monto con irregularidades
Sin secretismo y opacidad, las cosas son mejores. Pero ¿la transparencia como principio es suficiente para acabar con estas dinámicas? Claramente no, como ningún principio sin mecanismos para convertir las ideas en realidad lo es. Cuando se materializan los esfuerzos para transparentar la información, se dan pasos necesarios para que cada vez que los recursos públicos crucen la línea desde el lado de lo público hacia el bolsillo de alguien sepamos quién fue el que entregó ese dinero, quién fue el que lo recibió y tengamos elementos para evaluar si esa persona o empresa verdaderamente le dio un servicio al gobierno.
En este sentido, la transparencia puede ser útil en dos sentidos.
trabajo de las agencias fiscalizadoras y la rendición de cuentas que impulsa la sociedad civil. En este último caso, la evidencia generada por las agencias del gobierno da paso a un análisis que ayuda en la toma de decisiones de las autoridades y la ciudadanía, permite el mapeo de riesgos particulares en las transacciones del gobierno y facilita el análisis de tendencias históricas.
