En un escenario global, no subsiste de manera aislada, se fortalece por la acción u omisión de agentes del Estado, de los sectores privados (como el empresarial) y los sectores sociales; es decir, para que subsista este esquema es necesaria la interacción de diversos agentes corruptos y corruptores, como el que pide y acepta, o el que ofrece diversos tipos de bienes a manera de soborno, para obtener un beneficio o lucro.
Este no es un padecimiento minúsculo, pues sus efectos se irradian a – prácticamente – todos los países del mundo. Ante esto, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emprendieron la marcha para crear un documento que propusiera medidas urgentes de carácter universal, que, a su vez, fueran adoptadas por todos los Estados adheridos a la ONU
Es así, como nace la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNODC, 2003), aprobada el 31 de octubre de 2003, por la Asamblea General de las Naciones Unidas y cuya vigencia inicia en diciembre del año 2005.
La aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se convirtió en un llamado permanente a los Estados, para que implementaran diversos mecanismos en materia de combate a la corrupción, tanto legislativos, como judiciales y administrativos.
En su espíritu dogmático, la Convención propone altos valores éticos y morales, que deben guiar el actuar de las personas funcionarias o servidoras públicas, con ellos se busca una óptima operación y eficiente funcionamiento de las instituciones públicas.
La Convención tiene como finalidad “promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción” y “promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos”. Dicho documento señala que “se aplicará, de conformidad con sus disposiciones, a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción”; así lo precisan los artículos 1, incisos a) y c) y 3.1.
Imaginemos un futuro donde nuestras acciones conjuntas, basadas en un modelo que combine lo anterior. Podemos transformar los retos en soluciones concretas.
Por ello, ese Instrumento en orden de prelación conceptual, antepone la prevención, frente a la investigación y el enjuiciamiento derivado de actos de corrupción. Visto de esta forma, debe preferirse la creación de Políticas de Integridad en las instituciones públicas y dotar de valores éticos a las personas servidoras públicas, para transitar hacia una cultura de ética en la función pública.
En ese sentido, conviene visibilizar y darles la justa importancia a los valores expresados, por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constituyente, 1917), que llaman a respetar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía y transparencia, como señalan los artículos 109, fracción III y 134, párrafo primero.
Sin perder de vista que, la procuración de justicia, como parte integrante de la seguridad pública, debe guiar su actuar observando los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como, por la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos, tal como cita el artículo 21 de la Constitución Federal.
No obstante, los valores y principios que deben regir el servicio público en los tres órdenes y ámbitos de gobierno, también deben seguir el parámetro establecido en la Ley General del Responsabilidades Administrativas (Diputados, 2016), por ejemplo, observando los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, aludidos en su artículo 7 y las directrices ahí expresadas.
Si bien, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, propone la aplicación de Códigos de Conducta, como formas de prevención para fortalecer la integridad, la honestidad y la responsabilidad de los funcionarios públicos (como se observa en el su artículo 8.1); el derecho interno mexicano no desconoce la necesidad de implementar mecanismos de prevención como los Códigos de Ética y de Conducta, emitidos por Secretarías u Órganos Internos de Control, lo cual se puede corroborar en el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conforme al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicha Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero de 2025 (DOF, 2025).
Por supuesto, la correcta elaboración de dichos Códigos de Ética y de Conducta, depende de la óptima interpretación que den los operadores jurídicos al precitado artículo 16 de la Ley General precitada, pues también señala que los Códigos de Ética deben emitirse conforme a los lineamientos que determine el Sistema Nacional Anticorrupción.
El “Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas” (CCSNA, 2018) es importante, si realmente se quieren emitir mecanismos de prevención para el Combate a la Corrupción homologados y eficientes, pues en esencia, el objetivo de los Códigos de Ética y de Conducta es que “impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño”
Este Acuerdo aludido, propone la totalidad de principios constitucionales y legales que rigen al servicio público, un catálogo de valores y sus definiciones, así como, reglas de integridad que se deben contemplar en los distintos ámbitos del servicio público, como se puede observar en sus puntos quinto, sexto y octavo.
En conclusión, la prevención como forma de combate a la corrupción se establece desde el ámbito internacional y a los Estados les corresponde dotar de medidas legislativas y administrativas a los entes de control y vigilancia, para diseñar mecanismos que promuevan la aplicación de valores y principios éticos, que sean observados como verdaderas reglas de integridad y que antecedan a la investigación y sanción de actos y hechos de corrupción.
En conclusión, la prevención como forma de combate a la corrupción se establece desde el ámbito internacional y a los Estados les corresponde dotar de medidas legislativas y administrativas a los entes de control y vigilancia, para diseñar mecanismos que promuevan la aplicación de valores y principios éticos, que sean observados como verdaderas reglas de integridad y que antecedan a la investigación y sanción de actos y hechos de corrupción.
ReferenciasCCSNA. (12 de octubre de 2018). Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Obtenido de https://www.dof.gob.mx/: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5540872&fecha=12/10/2018#gsc.tab=0
Constituyente. (05 de febrero de 1917). Congreso Constituyente. Obtenido de CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
Diputados. (18 de julio de 2016). Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Obtenido de diputados.gob.mx: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdfDOF. (02 de enero de 2025).
Diario Oficial de la Federación. Obtenido de dof.gob.mx: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5746626&fecha=02/01/2025#gsc.tab=0UN. (diciembre de 2024).
Naciones Unidas. Obtenido de https://www.un.org/es/observances/anti-corruption-dayUNODC. (Octubre de 2003).
Organización de las Naciones Unidas. Obtenido de https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
En México enfrentamos un panorama complejo, la corrupción es un fenómeno histórico, que permea en lo político, económico y social; en efecto, se presenta como un factor que perjudica a los Estados y sus formas de gobierno, invade la vida política y erosiona la economía de las sociedades.
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